El Ministerio Público investiga si unidades que no estaban incluidas en la subasta pública intentaron ser retiradas del depósito municipal. Las diligencias también apuntan a posibles irregularidades en la calificación de vehículos como chatarra y en la selección del postor beneficiado.
SELVA CENTRAL – CHANCHAMAYO | 28 de octubre de 2026.
Dos vehículos fuera de la subasta encendieron las alertas
La subasta pública de vehículos declarados como chatarra por la Municipalidad Provincial de Chanchamayo ha pasado al centro de una investigación fiscal. El Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central recuperó dos unidades que, según la información fiscal, habrían sido retiradas irregularmente del depósito municipal, pese a que no estaban contempladas en el proceso de subasta.
La intervención estuvo a cargo del fiscal provincial Miguel Rojas Mayta y del fiscal adjunto provincial Milder Peinado Lara, quienes realizaron diligencias urgentes tras recibir una denuncia sobre la presunta salida irregular de ambos vehículos, que habrían sido camuflados dentro de un lote de chatarra vendido a un empresario.
El caso es investigado por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, en agravio de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo. La investigación deberá determinar cómo se autorizó el procedimiento, quiénes intervinieron y si existió favorecimiento indebido en el manejo de los bienes municipales.
¿Vehículos inservibles o unidades con valor comercial?
Uno de los principales aspectos bajo investigación es la forma en que la Gerencia de Transportes habría clasificado los vehículos almacenados en el depósito municipal.
De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, entre las unidades calificadas como chatarra habría vehículos retenidos, siniestrados e incluso algunos que todavía podrían encontrarse operativos o conservar valor comercial mediante el aprovechamiento de sus autopartes.
Esta situación plantea interrogantes sobre los criterios técnicos utilizados para determinar qué unidades podían ser subastadas como residuos y cuáles debían seguir otro procedimiento administrativo.
La clasificación de un vehículo como chatarra no debería convertirse en un trámite meramente formal. La entidad debe sustentar la condición del bien, establecer su situación patrimonial y cumplir con los procedimientos correspondientes antes de autorizar su disposición.
La Fiscalía busca esclarecer si se realizaron evaluaciones técnicas suficientes y si se cumplieron los requisitos legales para dar de baja los bienes municipales.
Posibles omisiones en los plazos y las notificaciones
Otro punto que forma parte de las indagaciones es si los vehículos ingresados al depósito fueron incorporados al proceso de remate sin que se agotaran los plazos legales de abandono y sin que sus propietarios recibieran las notificaciones correspondientes.
De confirmarse estas presuntas omisiones, sería necesario determinar si se afectaron los derechos de los propietarios y si los procedimientos administrativos se ajustaron a la normativa vigente.
La investigación también examina un posible direccionamiento de la subasta a favor de un postor que, presuntamente, no habría cumplido con todos los requisitos exigidos.
A ello se suma la presunta extracción no autorizada de dos unidades que no estaban incluidas en el lote subastado. La Fiscalía deberá establecer si estos hechos respondieron a errores administrativos, decisiones irregulares o posibles actos concertados de servidores públicos y particulares.
Por ahora, se trata de hipótesis materia de investigación y no de responsabilidades penales definitivamente acreditadas.
Una subasta municipal bajo la lupa pública
La intervención fiscal vuelve a poner en discusión la transparencia con la que las entidades públicas administran los vehículos retenidos y disponen de los bienes que permanecen en sus depósitos.
En una subasta de esta naturaleza, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué unidades fueron incluidas, cómo se determinó su condición de chatarra, qué valorización recibieron, cuáles fueron las bases del procedimiento y quién obtuvo la buena pro.
También resulta relevante establecer si existió una relación entre la calificación de los vehículos, las condiciones exigidas a los postores y la autorización para retirar los bienes del depósito municipal.
La transparencia documental y la trazabilidad de cada unidad son fundamentales para descartar un eventual perjuicio económico a la municipalidad y garantizar que los procedimientos se desarrollen en igualdad de condiciones.
¿Quiénes deberán responder por las presuntas irregularidades?
El Ministerio Público informó que continuará con la recolección de elementos de convicción y la ejecución de diligencias urgentes para esclarecer los hechos e identificar las eventuales responsabilidades penales.
La investigación deberá precisar qué funcionarios participaron en la clasificación de los vehículos, quiénes aprobaron o tramitaron la subasta, qué controles se aplicaron durante el retiro de los bienes y bajo qué circunstancias se habría intentado sacar las dos unidades recuperadas.
Asimismo, será importante conocer el valor comercial de los vehículos, la documentación que respaldó su incorporación al lote de chatarra y las condiciones bajo las cuales se adjudicó la subasta.
Hasta que concluyan las investigaciones, corresponde respetar la presunción de inocencia de las personas involucradas.
La pregunta de fondo: ¿se protegió el patrimonio municipal?
La recuperación de los dos vehículos constituye un hecho relevante dentro de las diligencias fiscales, pero el caso todavía requiere respuestas documentadas.
La ciudadanía de Chanchamayo necesita conocer si la subasta se desarrolló conforme a ley, si hubo un perjuicio económico para la comuna y si los mecanismos de control interno funcionaron oportunamente.
Más allá de la recuperación de las unidades, el resultado de la investigación permitirá determinar si se trató de irregularidades administrativas o si existen elementos que sustenten responsabilidades penales.
La disposición de bienes municipales exige procedimientos transparentes, controles efectivos y rendición de cuentas. Corresponderá a la Fiscalía esclarecer los hechos y a la municipalidad facilitar la documentación necesaria para establecer qué ocurrió dentro de su propio depósito.
INFOREDPERÚ | Periodismo responsable, investigación y fiscalización ciudadana.